La lex Calpurnia de repetundis fue una ley romana del año 149 a. C. promulgada por el tribuno de la plebe Lucio Calpurnio Pisón Frugi[1] como consecuencia de los abusos de los gobernadores provinciales durante la primera mitad del siglo II a. C. y que culminaron en la escandalosa conducta de Servio Sulpicio Galba durante su gobierno de la Hispania Ulterior.[2]
Esta ley dictaminaba que las acusaciones por malversación de fondos contra los gobernadores serían presididas por un pretor peregrino y un jurado procedentes del orden senatorial.
Este es el primer ejemplo de un tribunal permanente, que no imponía ninguna pena pública, pero sí la condena por daños y perjuicios. Debido a su ineficacia en términos preventivos, ya que desde su instauración hasta 124 a. C. solo se fallaron procesos absolutorios,[3] acabó siendo sustituida por la lex Acilia repetundarum.