Servicio de Inteligencia Nacional del Perú | |||||
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Localización | |||||
País | Perú | ||||
Información general | |||||
Sigla | SIN | ||||
Jurisdicción | Todo el territorio peruano | ||||
Tipo | Organización | ||||
Sede | Lima | ||||
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Historia | |||||
Fundación | 27 de enero de 1960 | ||||
Disolución | 3 de octubre de 2000 | ||||
Sucesión | |||||
Sitio web oficial | |||||
El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) fue una agencia de inteligencia del Gobierno del Perú que existió entre 1960 y 2001.
El 26 de enero de 1961, el presidente Manuel Prado Ugarteche creó mediante Decreto Supremo, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en una etapa caracterizada por el triunfo de la revolución cubana, el fenómeno de la guerra no convencional, y el proceso de modernización cincuentista llevado a cabo por el Ejército.[1] Este fue importante en la Guerra Fría Cultural Latinoamericana.[2]
Durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el SIN estuvo relacionado con el KGB, la agencia de inteligencia soviética. Se realizaron negociaciones entre el SIN y el KGB para el entrenamiento de agentes, intercambio de inteligencia y cooperación en medidas de seguridad. El KGB destinó dos oficiales de operaciones y un especialista técnico como puntos de enlace con el SIN en Lima. Con apoyo del SIN, el KGB realizó en Perú acciones contra la CIA y contras las embajadas de México, Estados Unidos y Chile presentes en la capital peruana. Además, se llevaron a cabo operaciones conjuntas en Chile, Argentina y otros países latinoamericanos.[3]
Años después la normatividad del SIN en el Perú sería modernizada recién en 1984, durante el gobierno del Presidente Fernando Belaúnde, bajo la siempre inconveniente modalidad de legislación delegada, es decir, mediante Decretos Legislativos: el Decreto Legislativo n.º 270 del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA, y el Decreto Legislativo n.º 271 del servicio de Inteligencia Nacional. Ambos decretos constituyen el primer intento real por institucionalizar la inteligencia peruana, creando y diseñando para tales efectos el Consejo Superior de Inteligencia – CSI, ente colegiado para la toma de decisiones del sistema de inteligencia y para promover la especialización del mismo.
En julio de 1992, el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional de Alberto Fujimori promulgó el Decreto Ley n.º 25635, en este se especifica que el Servicio de Inteligencia Nacional (SINA) es el organismo central y rector del Sistema de Inteligencia Nacional, tiene rango ministerial,[4] depende del Presidente de la República y se encarga de producir, integrar, dirigir, coordinar, controlar y realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia requeridas por la Seguridad y la Defensa Nacional.[5]
Durante el gobierno de Fujimori se amplió el poder del SIN y su jefe de facto, Vladimiro Montesinos, lo utilizó con fines políticos. El financiamiento de la agencia no fue supervisado por el Congreso; el presupuesto del SIN creció cincuenta veces entre 1990 y 2000, siendo en este último año entre 96 y 108 millones de dólares. En 2000, La República informó de que alrededor de 2.300 personas eran agentes de la organización. Montesinos utilizaba la agencia para recopilar y controlar toda la información dentro de Perú.[6] Las escuchas telefónicas eran habituales por parte de los agentes del SIN bajo el mando de Montesinos. Se colocaron cámaras de vigilancia en el Palacio Legislativo, el Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en burdeles visitados por políticos y en otros lugares de Lima, todos ellos revisados personalmente por Montesinos.[6]
Bajo el mandato de Montesinos, el organismo estuvo rodeado de un halo de misterio, al ser considerado el principal responsable de casos de tortura, asesinatos, secuestros y actos de represión contra opositores al gobierno de Fujimori. Antiguos empleados del cuartel general del Ejército peruano, conocido localmente como «el Pentagonito», denunciaron la existencia de un subsótano donde se encarcelaba, torturaba y asesinaba a opositores políticos. Según ellos, los asesinados eran incinerados en un incinerador y en las instalaciones se percibía un olor a pelo quemado. En 1998, se alegó que el grupo estaba relacionado con el grupo Colina.[7] Por ello, se ofrecieron 45 días para proceder a su completa desactivación por parte de Marcial Rubio.[8]
El servicio fue desactivado por el presidente Alberto Fujimori en octubre de 2000, presionado por la Organización de Estados Americanos. Esto ocurrió después de que Montesinos fuera descubierto pagando sobornos a importantes figuras de la política, las artes y el ejército. Estas actividades fueron financiadas con recursos públicos y aparentemente con otro tipo de fuentes de dudosa procedencia. Por esta razón, y debido a las escandalosas irregularidades presupuestarias, la Contraloría General de la República realizó una acción de control, cuyo resultado ha sido utilizado por el Poder Judicial en casi todos los procesos que están vinculados al manejo presupuestario del SIN. Luego de su desactivación, el servicio continuó funcionando limitadamente en el año 2001 mediante un decreto ley que lo financió.[9] La Ley n.º 27479 del 5 de junio creó finalmente el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (DINIE), disueltos a su vez por la Ley n.º 28664, que creó el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
Según el Decreto Ley N.º 25635, el Servicio de Inteligencia Nacional tiene las siguientes funciones:
En octubre de 2000, el servicio fue desactivado por el Presidente Alberto Fujimori luego que su jefe de facto Vladimiro Montesinos fuera descubierto pagando sobornos a importantes figuras políticas, militares y artísticas. Estas actividades delictivas estaban financiadas con recursos públicos y aparentemente con otro tipo de fuentes de dudoso origen. Por tal motivo, y debido a las irregularidades escandalosas de tipo presupuestal, la Contraloría General de la República del Perú practicó una acción de control, cuyo resultado ha sido empleado por el Poder Judicial en casi todos los procesos que se vinculan al manejo presupuestal del SIN.
Durante el gobierno de Fujimori, el SIN estuvo rodeado de un halo de misterio por cuanto se le consideraba el principal responsable de casos de tortura, asesinatos, secuestros y actos de represión contra los opositores del gobierno fujimorista. El medio La República reveló que alrededor de 2300 personas fueron agentes de la organización.[10] Incluso se afirmaba que el SIN estaba relacionado al Grupo Colina.[11] Para eso se ofreció 45 días para proceder la desactivación completa a cargo de Marcial Rubio.[12] Aun así, en 2001, este servicio seguía limitadamente operada por un decreto ley que lo financiaba.[13]
En septiembre de 2001, la fiscal anticorrupción Ana Cecilia Magallanes anunció que el Ministerio Público había iniciado investigaciones para esclarecer si se había usado irregularmente el presupuesto mensual que el Gobierno de Alberto Fujimori destinaba al Servicio de Inteligencia Nacional dirigido por Vladimiro Montesinos.[14]
Luego de la desactivación del SIN, el 5 de junio de 2001 se expidió la Ley n.º 27479 que creó el Consejo Nacional de Inteligencia - CNI y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica - DINIE. Estos organismos fueron también disueltos con la dación de la Ley n.° 28664 que creó el actual Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.
El escritor peruano Pedro Antonio Bedoya publicó en 2004 su obra Una penosa contingencia centrado en los mecanismos de la SIN.[15]
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sin título (ayuda). Consultado el 23 de septiembre de 2024.