Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen (San Isidro, 4 de febrero de 1948) es un periodista, columnista y escritor peruano, conocido por sus reportajes sobre grupos subversivos, corrupción gubernamental y narcotráfico. En 2011, el European Journalism Centre le describió como «el periodista peruano más premiado».[2] Es fundador del portal digital IDL-Reporteros.
Gorriti colaboró, a través de IDL-Reporteros, en la investigación de los casos Odebrecht (Lava Jato) y los Cuellos Blancos del Puerto (Lava Juez), en los que se han visto implicados varios políticos y funcionarios peruanos.[3]
En 2024, varios medios internacionales afirmaron que el periodista es víctima de una campaña de desprestigio por miembros de la derecha peruana.[4][5] Además de esto, destaca la actividad del diario Expreso, que dedicó varias páginas contra él a lo largo del año.[6]
Gustavo Gorriti es el hijo del exdiputado camaneño Gustavo Gorriti Butrón y Dora Ellenbogen Goldenberg. Estudió en el Colegio San Andrés de la ciudad de Lima.[7]
Gorriti tiene ascendencia vasca e italiana por parte de padre, emparentado lejanamente con José Ignacio de Gorriti, y judía rumana por parte de madre.[8][9] Está casado y tiene tres hijos.[10][11] Ha sido seis veces campeón nacional de judo.[12]
Gustavo Gorriti inició su carrera en 1981 en la revista peruana Caretas. Su trabajo se centró en el conflicto peruano instigado por el grupo terrorista Sendero Luminoso.[13] Su amplia cobertura de este conflicto le catapultó a la fama en la esfera periodística durante la década de 1980.[5][14]
Además de su labor periodística, Gorriti fue autor de un extenso libro en tres volúmenes titulado Sendero: historia de la guerra milenaria en Perú. Esta obra, publicada en 1990, era una exploración detallada de la organización Sendero Luminoso, realizada durante su estancia como becario en la Universidad de Harvard.[13]
En 1992, todavía en Caretas, Gorriti informó sobre las supuestas conexiones entre el gobierno y los narcotraficantes, con especial atención a Vladimiro Montesinos, mano derecha del presidente Alberto Fujimori.[5][13] Tras las revelaciones de estos artículos, un comando del ejército peruano entró por la fuerza en su domicilio y lo secuestró durante la crisis constitucional peruana de 1992.[13] Esta crisis estuvo marcada por la disolución del Congreso por Fujimori y la detención de varias figuras de la oposición.[15]
En la madrugada del 6 de abril de 1992, tras el autogolpe de Fujimori, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) llegaron a la residencia de Gorriti, identificándose falsamente como la Policía Nacional del Perú. Armados, exigieron el ordenador de Gorriti e insistieron en que les acompañara. Anticipándose a su detención, Gorriti alertó a sus colegas periodistas. Tras despedirse de su mujer y sus hijas, le trasladaron al Cuartel General del Ejército del Perú.[16]
La esposa de Gorriti, Esther Delgado Bedoya, se comunicó rápidamente con periodistas y organizaciones no gubernamentales sobre el incidente. El embajador español Nabor García, la embajada de Estados Unidos y varias organizaciones de derechos humanos se pusieron en contacto con el gobierno de Fujimori para conocer el paradero de Gorriti.[17] Bedoya, que había presenciado el secuestro, ejecutó un plan preestablecido, poniéndose en contacto con organizaciones internacionales de prensa y con el gobierno de Estados Unidos.[18]
La rápida presión internacional dio lugar al traslado de Gorriti a un centro de detención oficial al día siguiente,[18] una medida que, según Gorriti y su familia, probablemente le salvó la vida.[16] Fue liberado el 8 de abril, dos días después del secuestro.[cita requerida]
En 2009, un tribunal peruano condenó a Fujimori a 25 años de prisión por ordenar el secuestro de Gorriti, entre otros abusos contra los derechos humanos.[5][19] Vladimiro Montesinos, el hombre implicado en los artículos de Gorriti, fue condenado a 17 años de prisión por el secuestro en noviembre de 2021.[20]
Tras su liberación, Gorriti abandonó Perú.[18] Trabajó durante un tiempo en Estados Unidos, primero como becario en la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, en Washington D. C., y en el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami en Coral Gables, en el estado de Florida.[21] Gorriti se trasladó a Panamá en 1996, donde trabajó para La Prensa. Volvió a escribir sobre los vínculos entre funcionarios del gobierno y narcotraficantes, y de nuevo fue objeto de amenazas.[22]
Ese año denunció que un banco que había quebrado recientemente había estado blanqueando dinero para el cártel colombiano de Cali. También denunció que algunos de los nombramientos del presidente Ernesto Pérez Balladares estaban guiados por el nepotismo, y en 1997 se hizo especialmente conocido por denunciar que un agente del cártel había aportado 51 000 dólares a la campaña presidencial de Pérez Balladares. Cuando expiró su visado de trabajo, el gobierno panameño se negó a renovarlo, lo que desencadenó una tormenta de críticas por parte de ONG de prensa internacionales y partidos de la oposición nacional.[23][24] Gorriti se refugió en las oficinas de LaPrensa, y el diario consiguió retrasar su expulsión gracias a un aplazamiento concedido por el Tribunal Supremo panameño.[21]
El editor y director de La Prensa, I.Roberto Eisenmann Jr., informó de que el periódico había descubierto que el gabinete panameño había recibido noticias de una amenaza de muerte contra Gorriti; en lugar de transmitir la amenaza, el gobierno había decidido expulsar a Gorriti para preservar la imagen de la nación.[21] Americas Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) emitieron declaraciones en apoyo de Gorriti, al igual que el novelista británico John le Carré y el novelista peruano Mario Vargas Llosa.[21] Estados Unidos presionó a Panamá en favor de Gorriti, y el caso se incluyó en el expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. El gobierno panameño cedió y posteriormente se renovó el visado de Gorriti.
El gobierno presentó entonces cargos penales por difamación contra Gorriti en virtud de la ley mordaza, que conlleva una pena máxima de seis años de prisión.[25]
En 1999 se presentó una segunda acusación contra Gorriti y otros tres periodistas de La Prensa por un artículo en el que informaba de que un narcotraficante había hecho donaciones a la campaña del Procurador General José Antonio Sossa, siendo el propio Sossa quien supervisaba la investigación.[26] Finalmente, en 2000,[27] la policía rodeó su casa en el marco de una investigación sobre casos de corrupción de autoridades panameñas.[28] Además, el Sindicato de Periodistas de ese país le declaró persona non grata.[29] Como consecuencia de ello, abandonó el país.[28]
En marzo de 2001, el exministro de Asuntos Exteriores de Pérez Balladares, Ricardo Alberto Arias, destituyó a Gorriti y fue elegido nuevo presidente de La Prensa por mayoría de los accionistas. El Comité para la Protección de los Periodistas, que había concedido a Gorriti el Premio Internacional a la Libertad de Prensa por su trabajo en el diario,[30] calificó la elección, y las dimisiones y degradaciones de personal de investigación que siguieron, de «golpe de directorio» que dejó «al otrora aguerrido diario como una sombra de lo que fue».[31]
En 2005, fue nombrado presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), una sociedad de periodistas independientes que defiende las libertades informativas y promueva el periodismo de investigación.[32] Además de asumir la dirección periodística de 90 segundos,[33] también dirigió y condujo su programa periodístico Periodistas en Frecuencia Latina[34][35] y fue codirector del diario La República.[36] Años después, dirige IDL-Reporteros, una unidad de investigación periodística dentro del Instituto de Defensa Legal, organización no gubernamental.
En 2009 creó IDL-Reporteros, un sitio experimental de periodismo de investigación. Sin ánimo de lucro y financiado por ONG, en 2011 contaba con cuatro periodistas a tiempo completo.[12]
Pocos periodistas han destapado las irregularidades gubernamentales en América Latina como Gustavo Gorriti. El periodista peruano ha destapado algunos de los mayores escándalos de corrupción del hemisferio, y ha sufrido las consecuencias. [...]
Miembros de derechas del Congreso, destacados políticos y un programa de noticias de televisión de extrema derecha se han fijado en Gorriti, contribuyendo a alimentar una campaña de desinformación.
Gustavo Gorriti ha sido objeto de numerosas reacciones y ataques, sobre todo por parte de grupos radicales y políticos. Entre ellos, facciones de derechas y asociadas al fujimorismo,[44] quienes los atribuyeron como uno de los máximos exponentes de la «mafia caviar».[45] El periodista reveló que, a raíz de su investigación sobre la operación Lava Jato en Perú, fue blanco de una campaña mediática durante un período en el que IDL-Reporteros tenía una presencia limitada en las redes sociales.[46]
Una de las organizaciones de extrema derecha, La Resistencia, orquestó manifestaciones persistentes contra Gorriti. Estas incluyeron ataques verbales tanto en su residencia como en las oficinas de IDL-Reporteros.[47][48] En respuesta, Gorriti presentó denuncias contra estos grupos y otros, como La Insurgencia, Los Combatientes y Los Patriotas.[49][50]
A finales de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de Gorriti.[51] Posteriormente, en enero de 2024, la justicia peruana condenó por difamación a Jenny Zúñiga Mourao, figura destacada de los colectivos radicales. El tribunal consideró que había acusado a Gorriti de delitos como terrorismo, fraude fiscal y corrupción sin aportar ninguna prueba.[52]
Según el informe de 2023 de la Asociación Nacional de Periodistas, ciertos medios de comunicación, entre ellos el diario Expreso (que dedicó casi 400 notas contra él en 2024 según El Foco),[6] el canal de televisión Willax y la organización La Resistencia, iniciaron una campaña para desacreditar el trabajo periodístico de Gustavo Gorriti. Estas entidades alegaron que las investigaciones de Gorriti apuntaban predominantemente a políticos fujimoristas y de derecha. El informe indica que estos medios han pedido que Gorriti sea incluido en la investigación que lleva a cabo el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop).[54]
Durante las investigaciones del Eficcop, fuentes de estos medios de comunicación hicieron referencia a declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, la entonces Fiscal de la Nación, sobre la participación de Gorriti en el escándalo de corrupción dentro del Ministerio Público. Se observó que Willax, en particular, promovió la hostilidad hacia Gorriti y el Instituto de Defensa Legal (IDL), organización a la que está afiliado. La cobertura de Willax enfatizó frecuentemente el término «corrupción» sin proporcionar corroboración sustancial.[55]
La hostilidad hacia el periodista se vio acentuada por las conexiones entre grupos de extrema derecha y Erasmo Wong, propietario de Willax.[56] Además, los medios de comunicación tergiversaron las declaraciones de Villanueva para sugerir que las investigaciones de Gorriti se limitaban a figuras como Alan García y Keiko Fujimori, mientras que descuidaban sus investigaciones sobre políticos no fujimoristas como Alejandro Toledo.[57]
Organizaciones profesionales, entre ellas el Club Nacional de Prensa (con sede en WashingtonD. C.), han expresado su preocupación por las posibles repercusiones jurídicas para Gorriti y las implicaciones para su derecho a realizar periodismo de investigación.[58][59]
Tras la muerte de Alan García en 2019, Gorriti fue señalado como responsable de tal acción, siendo Héctor Becerril uno de los que le señalaban de estar implicado. Esta idea también fue compartida en las redes sociales de usuarios afines al Partido Aprista Peruano.[60]
En 2024, según declaró Jaime Villanueva, Gorriti se reunió con Rafael Vela para intercambiar información confidencial para «cercar a García».[61] Esto llevó a que dirigentes y militantes apristas acusaran a Gorriti de ser responsable de la muerte de García al inducirlo al suicidio a través de una presunta campaña mediática.[62] Sin embargo, esas afirmaciones fueron contradictorias, ya que Carla García confirmó que su padre ya había decidido suicidarse de antemano.[63][64]
↑Equipo IDL (13 de septiembre de 1997). «El Caso Gorriti». IDL-Reporteros. Archivado desde el original el 28 de julio de 2007. Consultado el 24 de junio de 2024.
↑«NO PIENSO SALIR POR LAS BUENAS». El Tiempo. 28 de agosto de 1997. Consultado el 18 de diciembre de 2023. «En el caso Gorriti se ha tocado en todas las puertas. Sin embargo, Pérez Balladares ha hecho caso omiso a numerosos llamados de organizaciones jurídicas, periodísticas y de derechos humanos locales e internacionales para que otorgue un nuevo permiso al peruano para que pueda seguir trabajando en Panamá».
↑«Attacks on the Press 2001: Panama». The Committee to Protect Journalists. 26 de marzo de 2002. Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2012. Consultado el 28 de agosto de 2012.
↑Requejo Alemán, Jose Luis; Lugo-Ocando, Jairo (30 de abril de 2021). «THE CIPER AND IDLREPORTEROS’ CONTENT STRATEGY: consequences of changing platform from Facebook to Twitter». Brazilian journalism research(en inglés)17 (1): 64-89. ISSN1981-9854. doi:10.25200/BJR.v17n1.2021.1333. Consultado el 23 de mayo de 2024. «The attackers, Gorriti confirmed, were trolls akin to former President Alan García Pérez (IDL-Reporteros, 2019). At this stage, there was still poor visibility of the @IDL_R account compared to the account of former president García (@AlanGarcíaPerú). Moreover, from the total 3197 tweets selected for the study, only 637 used the #LavaJato hashtag (19.9%) to link to this judicial investigation, the most important corruption case in the history of Latin American continent (Gonzalez-Ocantos & Baraybar, 2019). Hence, the strategy of former Peruvian president Alan García and his followers was to deflect attention from the scandal itself by questioning the news media’s accusers».
↑García, Alejandra (22 de febrero de 2024). «La pieza Villanueva en la maquinaria de la desinformación». Convoca.pe. Consultado el 29 de febrero de 2024. «La ola de desinformación liderada por el canal Willax y sus aliados ha ido en escalada en las últimas semanas alimentada, en este último capítulo, principalmente por las declaraciones que dio Villanueva, en su calidad de testigo, el 24 de enero último. Esta campaña de ataques e insultos contra el periodista y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, se sustenta en las afirmaciones no corroboradas del exasesor de Patricia Benavides, respecto a una supuesta injerencia de Gorriti para la reestructuración del equipo especial de fiscales del caso Lava Jato, liderado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez».
↑Lozano, Diego (7 de mayo de 2024). «Gustavo Gorriti, el periodista de las mil batallas». Connectas.org. Consultado el 28 de mayo de 2024. «[L]as represalias en contra de IDL-R han sido sistemáticas y, aunque también se llevan a cabo en las redes sociales, Mella concluye que la mayor masa de desinformación proviene del canal Willax Televisión. [Cuyo dueño pertenece] a movimientos de la ultraderecha [...]. En febrero del 2024, ese canal empezó la que para IDL-R ha sido la campaña más agresiva en su contra. Ocurrió tras el arresto de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal general Patricia Benavides, en la denominada Operación Valquiria».
↑«Periodista peruano Gorriti ha investigado sobre varios políticos, no solo Fujimori y Alan García». Factual. 5 de marzo de 2024. Consultado el 29 de marzo de 2024. «El periodista peruano Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, es acusado por usuarios en redes sociales de “perseguir” a políticos como el expresidente Alan García y la excandidata Keiko Fujimori, y “nunca investigar” ni publicar notas contra otros como la exalcaldesa de Lima Susana Villarán o los exmandatarios Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo».
↑Bache, Tyron (24 de abril de 2019). «En Perú, figuras del ámbito político culpan al periodista Gustavo Gorriti y a otros medios por el suicidio de ex presidente». IFEX. Consultado el 18 de diciembre de 2023. «En varios tuits publicados el 17 de abril, el congresista Héctor Becerril criticó a la Fiscal de la Nación y describió a Gorriti como uno de los grandes «responsables» de la muerte de García. Varias cuentas de Twitter se hicieron eco e intensificaron esta retórica, y catalogaron a Gorriti de «criminal» y «asesino» y colocaron fotos de la sede de IDL-Reporteros, según capturas de pantalla revisadas por el CPJ».